Agmer rechazó la oferta salarial sin debate y lanza un ultimátum

La negociación salarial entre el Gobierno de Entre Ríos y los gremios docentes sumó un nuevo capítulo de tensión. Este miércoles, durante un encuentro en la Secretaría de Trabajo, la conducción de Agmer (el gremio mayoritario del sector) rechazó de plano la nueva propuesta económica presentada por el Ejecutivo y se declaró formalmente en "estado de conflicto".

​Desde la Casa Gris confirmaron que la oferta acercada a la mesa paritaria representaba una mejora sustancial respecto a la discutida el lunes, por lo que la decisión gremial generó malestar en las autoridades educativas.

​Sorpresa por el rechazo sin asamblea

​El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, fue el encargado de cuestionar la postura sindical, destacando que los representantes gremiales clausuraron el diálogo en la misma mesa de negociación.

​"Es una oferta superadora, pero fue rechazada. Llama la atención porque no se llevó siquiera a congreso", apuntó el funcionario, dejando en evidencia que la conducción sindical decidió desestimar la propuesta sin habilitar el debate y la votación de las bases en las escuelas.

​Los números de la oferta oficial

​Para intentar destrabar el conflicto, el Gobierno provincial había modificado las condiciones de la paritaria. Mientras que el lunes se había ofrecido un 6% calculado sobre la base de febrero, la nueva propuesta contemplaba un incremento del 7% dividido en dos tramos (3% en julio y 4% en septiembre), pero con la ventaja de aplicarse sobre una base actualizada, lo que eleva el porcentaje acumulado real en el bolsillo del docente.

​Además, el esquema ofrecido incluía llevar el salario mínimo garantizado a $850.000 (lo que representa un incremento del 14%) y aplicar una suba de entre el 20% y el 28% en los conceptos de Conectividad y Fopid (Fondo Provincial de Incentivo Docente), dependiendo del tipo de jornada laboral.

​A pesar de estas modificaciones, Agmer consideró que los números son insuficientes. Al declararse en estado de conflicto, el sindicato le marcó la cancha al Ejecutivo: emplazó al Gobierno a presentar una nueva oferta superadora en un plazo máximo de cinco días hábiles.